Columnista José Benito Garzón Montenegro
ODHUM – Unicatólica y Comisión por la Vida
La situación humanitaria que padecen las comunidades del Pacífico colombiano es cada vez más grave. En el Chocó el conflicto armado se ha recrudecido y cada día sus pobladores claman la atención de sus demandas, porque se le respete la vida, sus ancestralidades y la pervivencia en sus territorios asumidos de forma colectiva.
La situación ha llegado a un punto tal álgido que el país nacional ha logrado conocer, a pesar del cerco informativo e invisibilización de los impactos ocasionados por la guerra, a través de la prensa, las redes sociales o cualquier otro medio de comunicación, las agresiones que los grupos armados día a día cometen contra las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan estos hermosos territorios.
Así lo han dejado claro, muy claro, los obispos con jurisdicción en Chocó, quienes en una actitud profética han asumido, con valor y entereza, la denuncia de los proyectos y estrategias de muerte que a diario ven, oyen y padecen como pastores de la Iglesia Católica. Los prelados de Quibdó, Istmina-Tadó y Apartadó han sido categóricos al exigir claridad al Gobierno Nacional por la connivencia reiterada y sistemática de las acciones de los grupos paramilitares y del narcotráfico (llámese AGC, disidencias o Clan del Golfo) junto con las fuerzas armadas de Colombia, en específico con el ejército y la armada.
Además, recalcan las condiciones de abandono y miseria en que el Estado ha sometido a los chocoanos, pues basta con revisar los índices de pobreza en cualquiera de sus variables para ratificar la grave situación que sufren estas poblaciones, la que se ha aumentado con los confinamientos, desplazamientos y asesinatos ocasionados por todos los grupos armados que se disputan el territorio ancestral de indígenas y afrodescendientes. Así, el hambre, el desempleo, el analfabetismo, sumado a la guerra, hacen que por lo menos 7 de cada 10 personas que vive en el Chocó tenga su vida en riesgo.
En el mismo sentido, la Asamblea de la Conferencia Episcopal en pleno fue consecuente con el clamor de las comunidades que padecen la guerra y demandó del Estado las condiciones y cumplimiento de compromisos en los territorios en favor de la paz y la dignidad para toda forma de vida. A la par que le solicitó una pronta y urgente reunión al Gobierno Nacional para atender los hechos graves denunciados, y así darle respuesta efectiva a la grave situación humanitaria que se vive en el país, en especial en el Chocó. Varias autoridades locales de los municipios más afectados por la violencia que padecen quienes habitan estos territorios se han pronunciado en el mismo sentido.
Lastimosamente, la soberbia ha sido la respuesta dada por el Gobierno Nacional. Soberbia que, junto a la falta de ética y la ausencia de argumentos que rebatan lo evidente, ha sido la actitud permanente para seguir insistiendo en la militarización, la explotación y la marginación de los territorios y habitantes del Pacífico. Los ministros de Interior y de Defensa Nacional, incluso le han restado valor a las graves denuncias realizadas por la Conferencia Episcopal, al igual que lo han hecho en el reciente tiempo a los pronunciamiento y exigencias de las comunidades que habitan el Chocó y sus organizaciones sociales y comunitarias. Tal es el nivel soberbia que, incluso, el Ministro de Defensa, Diego Molano, ha tachado de mentirosos a los obispos; mientras el Ministro del Interior, Daniel Palacios, ha indicado que son falsas las cifras de pobreza y agresión contra las comunidades del Chocó. Todo ello para negar la solicitud del episcopado de interlocución con el alto Gobierno en pos de atender y mitigar los impactos de la guerra y poner al centro la dignidad de toda forma de vida.
Ante la situación que padecen nuestras hermanos y hermanos que habitan estos territorios ancestrales nos queda mantener la insistencia en la defensa y protección de la vida en todas sus formas; abrazar la esperanza que, revestida de coraje, manifiestan cotidianamente los liderazgos en cada uno de los ríos al seguir denunciando el abandono y agresión del Estado y su connivencia con grupos armados ilegales; manifestar nuestra indignación a pesar la de la sordera deshumanizante, propia de la arrogancia que ha comportado el Gobierno Nacional; y apoyar la consolidación de alternativas propias de las comunidades indígenas y afrodescendientes para la defensa de la vida y la pervivencia en los territorios.
